El alcalde Federico Gutiérrez ha exigido que los responsables “respondan incluso con su patrimonio”, un mensaje tan contundente como políticamente calculado en una ciudad atravesada por pulsos personales y electorales.
La Fiscalía sostiene que el valor del lote Aguas Vivas habría sido inflado de $2.700 millones a $48.000 millones mediante decisiones administrativas incluidos cambios al Plan de Ordenamiento Territorial —POT— que habrían favorecido una hoja de ruta urbana asociada al “valle del software”.
En paralelo, el ente investigador habla de un supuesto “acuerdo criminal” para apropiarse de recursos públicos. Cargos que deberán probarse en juicio, pero el pliego describe un patrón de gobierno que, de confirmarse, convertiría la innovación urbana en coartada para la depredación del erario.
La defensa política de Quintero, insiste, además, en la narrativa de la persecución. Señala a ‘Fico’ de usar la justicia como arma y enmarca el expediente en la contienda nacional en la que el exalcalde es hoy precandidato presidencial.
Si la Fiscalía prueba su caso, es menester que haya reparaciones efectivas; si no, que se expliquen sin vueltas los vaivenes de una valoración que pasó de millones a decenas de miles de millones.
