El expediente gira en torno a la construcción de dos CAI de Policía que, según el ente acusador, presentan indicios de celebración indebida de contratos y posible detrimento; las obras costaron alrededor de $2.000 millones y no habrían entrado en servicio.
Como parte de las pesquisas, un juez legalizó 71 días de interceptaciones telefónicas practicadas entre mayo y julio de 2025 a Rendón y a por lo menos nueve personas de su entorno. Esa evidencia —que incluye a exfuncionarios y contratistas— alimenta una nueva etapa del caso y explica por qué el proceso recobró tracción en las últimas semanas.
Rendón sostiene que es víctima de una persecución política y denunció incluso un “entrampamiento judicial”, tras un episodio ocurrido en Rionegro que su defensa calificó de irregular. El mandatario pidió vigilancia ciudadana sobre el proceso e insistió en que las actuaciones de la Fiscalía desbordan el marco de un juicio imparcial.
Qué se investiga exactamente
El origen del expediente se remonta a su paso por la Alcaldía de Rionegro (2016–2019), periodo en el que se firmaron los contratos objeto de controversia. En 2023, cuando Rendón ya había sido elegido gobernador, la propia Fiscalía pidió cancelar una audiencia de imputación en ese caso; no obstante, las nuevas diligencias —incluidas las interceptaciones— reactivaron el expediente este año.
De momento, el proceso sigue abierto y en fase indagatoria, mientras la defensa anuncia recursos y la Fiscalía define próximos pasos. Lo que ocurra impactará no solo la gobernabilidad en Antioquia, sino también el clima político nacional, atento a si el caso se traduce en cargos formales o se archiva por falta de mérito.
