En el primer ciclo se facturaron $45.217 millones, pero al cierre del plazo de pago (15 de junio), solo se recaudaron $19.354 millones, equivalentes al 42 % del monto proyectado para ese periodo. Esto representa apenas un 12 % del total de la meta anual estimada de $160 000 millones en tres ciclos.
La Gobernación afirma que se han logrado recaudar en total $42 300 millones contra los $45 617 millones facturados, una cifra que sugiere mayor eficiencia, aunque las cifras oficiales no han sido totalmente unificadas.
La iniciativa de otorgar descuentos por pronto pago —un 10 % si se paga dentro de los primeros diez días— no logró un efecto significativo, pues apenas $678 millones fueron otorgados en descuentos, concentrados en los sectores industrial y comercial, con $372 millones y $175 millones, respectivamente.
Fallas logísticas y registros erróneos
La Gobernación atribuye el bajo recaudo a problemas logísticos estructurales: inconsistencias en más de 100.000 registros de empresas suministrados por compañías prestadoras de servicios públicos, lo que generó retrasos de hasta seis meses en el calendario de facturación.
Ya se anunció que el segundo envío de facturas está previsto para el 20 de agosto, con expectativas de recaudar $100 000 millones.
Mientras tanto, para no detener la ejecución de proyectos, la Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras por $176 131 millones, respaldadas en el recaudo esperado de la tasa. La Administración defiende esta decisión como una herramienta legal para mantener compras y obras, aunque la oposición advierte riesgos si el recaudo no aumenta o si prosperan demandas contra el tributo.
Implicaciones legales y precedentes
En materia jurídica, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la suspensión cautelar del cobro de la tasa, pero sigue en curso el análisis de varias demandas de nulidad, entre ellas una presentada por el diputado opositor Luis Peláez.
Además, recientemente, el Consejo de Estado anuló una medida similar en el Valle del Cauca, por considerar que la Asamblea departamental no tenía competencia legal para imponer el tributo, lo que genera un precedente jurídico significativo que podría afectar la tasa en Antioquia, lo cual ha sido señalado como un precedente jurídico relevante.
Uso Inmediato de Recursos
Con los recursos iniciales, la Gobernación ya entregó cerca de 49 camionetas 4×4 a la Fuerza Pública -Policía y Ejército- y anunció la entrega de 200 motocicletas y botes con los primeros fondos de la tasa.
La discusión también se encendió por asignaciones de infraestructura deportiva: se destinaron $16.000 millones para Envigado, lo que generó polémica por el contraste con inversiones en zonas más críticas como el Bajo Cauca.
En conclusión, el arranque del cobro de la tasa departamental de seguridad en Antioquia quedó marcado por resultados por debajo de lo esperado. Las metas no se cumplieron, los incentivos tuvieron escasa respuesta ciudadana y los entes técnicos enfrentaron dificultades operativas serias. En paralelo, el uso de vigencias futuras y el desembolso de recursos muestran el compromiso de la Administración con proyectos de seguridad e infraestructura, aunque la viabilidad financiera y jurídica del tributo continúa en entredicho.
El segundo ciclo y los procesos judiciales en curso serán cruciales para definir si esta estrategia es sostenible o si amerita ajustes profundos o incluso una reconsideración legal.
