Ante la Corte Suprema de Justicia, Benavides entregó una declaración crucial, producto de un principio de oportunidad con la Fiscalía, mediante el cual coopera a cambio de beneficios procesales. Su testimonio complementa y amplía las investigaciones que actualmente involucran a congresistas, funcionarios del Gobierno e incluso al propio exministro Ricardo Bonilla.
En su declaración, la exfuncionaria relató cómo Ricardo Bonilla la presentó ante Olmedo López, entonces director de la UNGRD, como la persona autorizada para gestionar proyectos específicos. Benavides afirma que, bajo esas instrucciones, facilitó iniciativas en municipios como Saravena, Arauca; Cotorra, Córdoba, y El Salado, Bolívar.
En el caso de Cotorra, mencionó al representante Wadith Manzur, quien, según ella, coordinaba con la senadora Liliana Bitar y el representante antioqueño Julián Peinado. En Saravena, la representante Karen Manrique vinculó el proyecto a su nombre y al del exrepresentante Juan Diego Muñoz.
El monto total de los contratos direccionados, que asciende a 92.000 millones de pesos, nunca llegó a ejecutarse. En particular, uno por 50.000 millones para Cotorra, otro por 30.000 millones para Saravena, y uno más de 12.356 millones para El Salado fueron señalados como gestionados sin licitación pública.
Esto plantea la hipótesis de un esquema sistemático de corrupción: votos y apoyo legislativo a cambio de contratos públicos, en un caso que comprometió no solo al sector bancado por el Gobierno Petro sino también a congresistas de diversas fuerzas políticas.
Uno de los pasajes más dramáticos del testimonio de Benavides fue cuando denunció haber recibido amenazas para silenciar su declaración: “Que si hablaba, mi familia y mi abogado iban a pagar”, llegó a decir. Según relató, recibió imágenes intimidatorias con calaveras y lápidas. El testimonio generó preocupación por su seguridad, lo que motivó que la Fiscalía le ofreciera un esquema de protección activo.
Este escándalo, que salió a la luz en febrero de 2024 tras las irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira, ha escalado hasta llegar a implicar ministros, congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.
La apelación de Benavides ante la Corte no solo compromete a exministros como Bonilla, sino también a más de 30 personas, entre ellos legisladores y figuras vinculadas al Invías, lo que podría ser uno de los casos de corrupción institucional más profundos de la actual administración.
