La carrera por la Contraloría General de Antioquia entró en su tramo decisivo. La Universidad de Cartagena, encargada del concurso público de méritos, certificó que la terna conformada por Juan Carlos Herrera Toro, Juan Fernando Castrillón Benjumea y Laura Emilse Marulanda Tobón no presenta inhabilidades ni incompatibilidades para ocupar el cargo.
Con ese aval técnico y jurídico, la Asamblea Departamental deberá proceder a la elección para el periodo 2026–2029.
La ruta empezó con la Convocatoria 246 del 11 de agosto de 2025, que fijó criterios de mérito, cronograma y fases de evaluación. En cumplimiento de ese calendario, la Universidad de Cartagena adelantó las pruebas y consolidó resultados, en los que los tres aspirantes obtuvieron los puntajes más altos y fueron elevados a terna por la Mesa Directiva de la Asamblea.
El informe académico concluye que ninguno de los candidatos está impedido por la Ley. La verificación de requisitos incluye, entre otros, título universitario, no haber sido diputado en el último año y no haber ejercido cargos ejecutivos en el departamento previos a la elección; parámetros recogidos en la Resolución publicada en la Gaceta 25-178 de agosto de 2025.
En otras palabras, se superó el filtro de inhabilidades taxativas que la Constitución y la ley exigen para el control fiscal.
Aun así, el proceso no transcurre en silencio. Veedurías ciudadanas y voces de control político han advertido sobre la necesidad de blindar la elección con los principios de independencia, transparencia y autonomía del órgano de control. No hay pruebas formales de irregularidades, pero sí un llamado a escrutar con lupa cada paso, desde la trazabilidad de puntajes hasta la motivación pública del voto de los diputados.
En un comunicado oficial, la Asamblea precisó que hasta ahora no se ha demostrado impedimento legal alguno para los ternados. El mensaje, de cierre institucional, busca despejar dudas mientras se abre la fase final de deliberaciones en el recinto.
El reloj también corre para la ciudadanía, ya que hasta el 12 de noviembre se recibirán observaciones y comentarios sobre el proceso. Después vendrá la votación, que pondrá a uno de los tres nombres al frente de un organismo que deberá vigilar con foco los contratos de alto impacto, el uso de regalías, la contratación de la red pública y la eficiencia del gasto en un departamento con obras estratégicas y tensiones presupuestales.
En suma: terna habilitada, proceso validado y elección en puertas.
