Enredados están el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el supertintendente Luis Carlos Leal Engarita. El primero porque la Corte Constitucional lo citó a audiencia técnica para revisar los avances judiciales que tienen relación con las deudas del Gobierno con el sistema de salud, y el segundo por la intervención forzosa realizada a la EPS Sanitas, a quien la Procuraduría General de la Nación le abrirá investigación por supuestas irregularidades en este caso.
En la audiencia a la que fueron convocados también representantes de la Adres, de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Defensoría, el ministro Jaramillo tuvo que dar cuenta de las acciones del Ejecutivo para cumplir con la Sentencia T-760 de 2008, que identificó deficiencia en la metodología para calcular el aumento anual de las Unidades de Pago por Capitación – UPC para los regímenes contributivo y subsidiado, además de entregar detalles sobre la manera de abordar el déficit identificado para 2023 de aproximadamente tres billones de pesos.
Las enfermedades de alto costo o enfermedades huérfanas tienen un consumo aproximado del 20 por ciento de los recursos UPC, por lo que el ministro reconoció la necesidad de revisar este aspecto de manera especial las que tienen relación con la atención de pacientes con estas condiciones.
Por su parte, al superintendente de Salud la procuraduría le anunció la apertura de una investigación originada por presuntas irregularidades presentadas en la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas y la designación del agente interventor Dúver Dicson Vargas Rojas, razón por la cual, el órgano de control solicitó copia del proceso adelantado para tomar posesión de la EPS y del trámite realizado para designar al agente interventor, para lo cual la Procuraduría le dio dos días a la Superintendencia para la entrega de los documentos y advirtió que si incumplen el plazo se adelantará inspección disciplinaria.
Juan Pablo Currea Tavera, representante legal de Keralty, compañía dueña de la EPS Sanitas, fue quien puso la queja ante la entidad y, un día después de la toma administrativa, es decir el 3 de abril, envió una carta en la que le pide a la procuradora Margarita Cabello recibirlo para ponerla al tanto de lo que consideran irregularidades en la decisión.
