El bloque que se autoproclama como la opción de la “izquierda democrática” enfrenta hoy una paradoja: tiene candidato, tiene cifras –1,5 millones de votos lo respaldan–, pero no tiene claridad sobre si ese candidato puede o no medirse de nuevo en la consulta que él mismo promovió.
Si la consulta del Pacto Histórico fue considerada interpartidista, como ya lo ha documentado la Registraduría en la interpretación de la Ley, Cepeda quedaría impedido para participar en la consulta interpartidista del Frente Amplio en marzo. Es decir, el proceso que debía legitimar al candidato de un gran bloque de centroizquierda se desfondaría por diseño jurídico y por cálculo político.
El senador tendría entonces que saltarse esa parada y lanzarse directo a la primera vuelta de mayo de 2026, sin el sello fresco de una consulta amplia y con el riesgo de que su legitimidad sea discutida por dentro y por fuera del bloque.
La bofetada política al Frente Amplio es evidente. La consulta de marzo fue vendida como el mecanismo que ordenaría a precandidatos como Roy Barreras, Clara López, Camilo Romero, Luis Fernando Murillo o Carlos Caicedo alrededor de una sola carta fuerte que sería Cepeda. Sin él en el tarjetón, lo que queda no es unidad sino una competencia interna menor, una suerte de torneo de consolación entre precandidatos que terminarían disputando un botín electoral reducido.
Mientras tanto, desde la campaña de Abelardo De La Espriella ya se reporta una cifra que impresiona y preocupa, pues cerca de 4 millones de firmas recogidas para su inscripción ante la Registraduría. En un sistema que exige un mínimo vital de 600 mil firmas válidas, y en el que la Registraduría suele anular entre el 50 % y el 60 % de las firmas, la regla es sencilla: quien quiera sobrevivir debe recolectar el doble, al menos 1,2 millones. Ese modelo de ‘preclasificación por firmas’ termina premiando a quienes ya tienen estructura, músculo financiero y maquinaria en calle, mientras obliga a los demás a quemar recursos en una etapa previa sin controles claros sobre el origen de esos gastos.
Y no es solo De La Espriella; en el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe ya marcó la hoja de ruta: primero candidato único del CD, luego sí consultas interpartidistas para llegar “fortalecidos” a la primera vuelta. Es decir, mientras la izquierda discute si su consulta ya fue o no interpartidista y si su ganador puede o no volver a aparecer en el tarjetón, la derecha y sectores conservadores trabajan en alinearse detrás de nombres que vienen subiendo. Las últimas encuestas de noviembre muestran a Cepeda liderando la izquierda con alrededor del 20,9 % de intención de voto, seguido de De La Espriella con 14,4 % y un Sergio Fajardo relegado al 7,8 %.
El tablero se movió, sí, pero el limbo jurídico amenaza con que la izquierda llegue a 2026 con candidato fuerte en números, pero debilitado en reglas, y con una consulta del Frente Amplio convertida en cascarón vacío. La pregunta es si el bloque que prometía cambiar las formas de hacer política será capaz, al menos, de resolver con transparencia y coherencia su propio laberinto jurídico antes de pedirle al país que vuelva a creer.
