La investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 ha entrado en una fase de incertidumbre. La ponencia del Consejo Nacional Electoral-CNE, que busca formularle cargos por la presunta violación de los topes de financiación electoral, ha sido temporalmente aplazada. La Sala Plena aplazó por 15 días la votación del expediente que pide formular cargos al jefe de Estado. Hasta el 30 de septiembre se tomarán determinaciones.
Esta demora se debe a una serie de eventos, entre ellos una recusación masiva contra los magistrados que estudian el caso y la solicitud de rotación del expediente presentada por la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico.
Recusación y posibles efectos en el proceso
La recusación que llegó a la Sala Plena del CNE afecta a todos los magistrados encargados del caso. Aunque no se conoce el origen de este recurso, que aparentemente proviene de un anónimo, su evaluación por parte del tribunal podría frenar temporalmente el proceso, una situación que añade complejidad al caso.
De aprobarse la recusación, el avance de la investigación, que ya se ha extendido por varios meses, podría detenerse indefinidamente. Este proceso está basado en la revisión de múltiples audiencias de testimonio, registros contables y certificados, que suman un informe de más de 300 páginas elaborado por los magistrados Prada y Ortiz.
Otro obstáculo en el avance de este expediente es la solicitud de rotación realizada por la magistrada Velásquez, quien estuvo incapacitada durante varios días. Dicha rotación requeriría reasignar el caso a otro magistrado, lo que dilataría aún más la decisión del CNE. La importancia de esta rotación radica en que podría influir directamente en el fallo final y retrasar la votación, una situación que preocupa a varios sectores políticos.
¿De qué se acusa a la campaña de Petro?
El caso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro se centra en presuntas violaciones al régimen de financiación de campañas electorales. Según el CNE, existen inconsistencias en los reportes financieros, incluyendo omisiones significativas en la plataforma Cuentas Claras. Las principales acusaciones incluyen:
Exceso en los topes de financiación: La campaña de Petro habría superado el límite permitido por la ley en más de 5.300 millones de pesos.
Transporte aéreo irregular: Se detectaron irregularidades en los vuelos privados utilizados durante la campaña, operados por la Sociedad Aérea de Ibagué-SADI, cuya documentación no fue completamente proporcionada a la Aeronáutica Civil.
Financiación de testigos electorales: Se investiga el pago a más de 60.000 personas que actuaron como testigos electorales durante la segunda vuelta presidencial.
Relación con financiadores cuestionados: Se indaga la posible vinculación de la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado algunos de los vuelos de la campaña.
Además, existen sospechas de que la campaña habría recibido fondos no declarados por parte de sindicatos como Fecode y la Unión Sindical Obrera-USO, lo que amplía el alcance de la investigación.
Retraso en el fallo
El aplazamiento de la decisión del CNE ha generado una fuerte expectativa. Inicialmente se esperaba una votación este lunes 16 de septiembre, pero debido a las recusaciones y la solicitud de rotación del expediente, la decisión ha sido pospuesta. La Sala Plena del CNE se reunirá nuevamente para definir el futuro de este caso, que podría tener importantes repercusiones políticas.
La investigación no solo apunta a la transparencia en la financiación de campañas electorales, sino también a la capacidad del sistema judicial colombiano para abordar con celeridad y eficacia este tipo de procesos, que involucran figuras públicas de alto perfil. Por ahora, el país sigue a la espera de un desenlace en este espinoso tema.
