Según la información publicada en un periódico reconocido de la ciudad, entre 2018 y 2019, el Hospital La María, dirigido entonces por Misael Alberto Cadavid Jaramillo, giró $2.105 millones a la empresa Vasalud IPS, propiedad de Lucas Cañas. Esta compañía, registrada inicialmente en Barranquilla en 2014, fue adquirida en un 50% por el exconcejal en 2018 y trasladada a Medellín. Pocos meses después, Cañas cedió sus acciones a su madre, aunque continuó manejando la empresa en la sombra.
Entre las anomalías que revelaron las investigaciones se encontró que Vasalud nunca tuvo una sede física en Medellín ni estuvo registrada como prestador de servicios de salud ante el Ministerio del ramo. Además, la empresa dejó de renovar su matrícula mercantil después de 2020 y nunca pagó impuestos en Medellín. La Fiscalía también identificó irregularidades en los precios de los medicamentos, encontrando casos en los que productos adquiridos a $51.600 eran revendidos al hospital por tan solo $540, un precio inusualmente bajo.
Así como la inclusión de 37 laboratorios farmacéuticos en las órdenes de compra de Vasalud, pese a que muchos de ellos afirmaron no haber tenido relación comercial con la empresa. De hecho, al menos 20 de estos laboratorios no tenían dirección física, página web ni correo electrónico, lo que sugiere que podrían ser ficticios.
La Fiscalía halló movimientos financieros sospechosos en las cuentas de Vasalud. En 2018, se retiraron $432 millones y en 2019, $736 millones, con destino a Juan Camilo Moncada Cárdenas, representante legal de la compañía y allegado de Cañas. Adicionalmente, se detectaron giros por $80 millones a la fundación Compromiso por Colombia, perteneciente a la familia de Cañas, para pagar un programa en el canal regional Teleantioquia.
Las consecuencias legales
El exconcejal enfrenta una posible pena de entre 12 y 27 años de prisión por los delitos imputados. Sin embargo, Cañas se declaró inocente y aseguró que su defensa tiene los elementos suficientes para desvirtuar las acusaciones. Afirmó, además, que la Fiscalía no encontró evidencia de un detrimento patrimonial en el hospital ni de enriquecimiento ilícito en sus cuentas personales.
