La acción fue interpuesta por el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien acusa a Zuleta de incurrir en tráfico de influencias y abuso de autoridad por presuntamente gestionar el traslado de reclusos para participar en un evento público con el presidente Gustavo Petro.
El episodio en cuestión ocurrió el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, durante una visita oficial del mandatario. Nueve personas privadas de la libertad, identificadas como miembros de estructuras criminales del Valle de Aburrá, fueron trasladadas desde la cárcel de Itagüí con autorización del INPEC. Según la demanda, dicha gestión fue impulsada por Zuleta en calidad de “coordinadora” de la Mesa de Paz Urbana, sin fundamentos jurídicos claros ni competencia legal para hacerlo.
Además del proceso ante el Consejo de Estado, la senadora enfrenta denuncias paralelas ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Una de ellas, promovida por la senadora Paola Holguín, sostiene que ningún congresista tiene la facultad de solicitar traslados de internos para actos políticos o públicos, y califica la actuación como una grave extralimitación de funciones.
La demanda de pérdida de investidura fue corregida y resubida formalmente, siendo admitida el pasado 10 de julio. Desde entonces, el alto tribunal avanza en el análisis del fondo del caso, lo que podría derivar en la inhabilitación política de Zuleta y la pérdida anticipada de su curul para el periodo legislativo 2022-2026.
El caso ha generado amplio revuelo político y mediático, alimentando un debate nacional sobre el alcance real de las competencias legislativas en escenarios de negociación con estructuras ilegales. La controversia también ha puesto en tela de juicio la estrategia de “paz urbana” del Gobierno, al vincularse con presuntos gestos institucionales sin soporte legal.
La decisión final del Consejo de Estado definirá el futuro político de Zuleta y podría sentar un precedente crucial sobre los límites de la interlocución política y el respeto por la separación de poderes en contextos de alta sensibilidad social.
