Bancada paisa en el Senado marca distancia en debate sobre consulta popular

Esta semana comenzó en la plenaria del Senado la discusión sobre la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, con un escenario adverso desde Antioquia.

De los 15 senadores paisas, ocho ya han manifestado su intención de votar “no”, mientras solo cuatro respaldan abiertamente el mecanismo. Tres congresistas aún se mantienen indecisos, y su decisión podría ser determinante para el futuro de la propuesta.

La iniciativa, que busca revivir temas como la reforma laboral y movilizar las bases de cara a las elecciones de 2026, ha sido duramente cuestionada por sectores conservadores y del Centro Democrático, en los que se argumenta que se trata de una estrategia populista con fines electorales. “Es una forma del Gobierno de ‘bypassarse’ al Congreso”, afirmó la senadora Paola Holguín, al advertir sobre los riesgos de una democracia plebiscitaria.

Al interior de los partidos hay incertidumbre sobre si votarán en bloque o permitirán libertad de voto. El senador conservador Nicolás Echeverry sostiene que su colectividad debería rechazar en conjunto la consulta, mientras que Juan Felipe Lemos, del Partido de La U, pide que se respete la autonomía individual. La senadora Berenice Bedoya, por su parte, ya plantea liderar campañas por la abstención si el proyecto pasa el primer filtro.

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En contraste, los senadores afines al Gobierno, como Isabel Zuleta, Alex Flórez y León Fredy Muñoz, ya están en campaña por el “Sí” con comités ciudadanos activos en varias regiones de Antioquia. Flórez incluso advierte que negar la consulta podría avivar nuevos estallidos sociales, como ocurrió tras el hundimiento de la reforma laboral.

La postura del Partido Liberal sigue siendo incierta, pese a que el expresidente César Gaviria dejó entrever que la colectividad debe votar “no”. Con los votos indecisos de los senadores Juan Diego Echavarría y John Jairo Roldán aún en juego, la balanza podría inclinarse cuando las bancadas definan su línea frente a un mecanismo que, con un alto costo fiscal y un fuerte tinte político, divide profundamente al Congreso.

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