El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años dictada en primera instancia. El giro judicial reposiciona al uribismo y deja al Gobierno de Gustavo Petro y a su bloque político en modo contención.
Lo que decidió el Tribunal
La Sala de decisión, integrada por Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, revocó la sentencia de la jueza Sandra Liliana Heredia y concluyó que no hubo prueba suficiente de que Uribe instigara sobornos o defraudara a la justicia.
El Tribunal desmontó los tres episodios de soborno (casos Carlos Enrique Vélez “Víctor”, Eurídice Cortés “Diana” y Juan Guillermo Monsalve) y los dos de fraude procesal. Subrayó inconsistencias de testigos, debilidades de motivación en la sentencia inicial y excluyó como prueba ilícita las interceptaciones telefónicas que terminaron registrando conversaciones de Uribe por un error de marcación.
Efecto político inmediato
La absolución oxigena al Centro Democrático y valida su relato de ‘exceso procesal’ contra su líder. En el otro frente, el golpe es directo al Pacto Histórico, puesto que la campaña de Iván Cepeda, apoyada por sectores del petrismo, incluida Colombia Humana, pierde un eje de confrontación que venía explotando desde 2012.
Por ahora, no hay pena en firme y el expresidente queda inocente en esta causa, salvo que la Corte Suprema revoque en un eventual trámite de casación. Fiscalía y víctimas tienen 5 días hábiles para interponer ese recurso extraordinario y luego 15 para sustentarlo.
El Tribunal cuestionó la valoración probatoria de la primera instancia, señaló testimonios con motivaciones de beneficio y reiteró que no basta con probar dádivas, pues debe acreditarse la intención ilícita y el nexo determinador entre el acusado y las gestiones del abogado Diego Cadena. En esa línea, la Sala recalcó que el conocimiento de Uribe sobre gestiones ya realizadas no lo convierte en instigador.
El golpe a la narrativa de Cepeda
Para Iván Cepeda, precandidato del Pacto Histórico, el fallo supone pérdida de tracción, ya que su campaña había tejido parte de su identidad pública alrededor de este expediente. Las direcciones políticas afines deberán reformular mensaje y retomar agenda programática fuera del caso Uribe.
La historia, en breve
El caso nació en 2012 por un cruce de denuncias Uribe–Cepeda. En agosto de 2025, la jueza Heredia condenó a Uribe a 12 años de detención domiciliaria por soborno y fraude; hoy, esa sentencia fue derribada en segunda instancia tras una audiencia pública que ocupó toda la mañana.
La casación no reabre pruebas; examina errores de derecho y puede confirmar, casar o anular. Si la Corte admite, el trámite puede tardar de meses a años. Por ahora, el efecto práctico es que Uribe queda libre de cargos en este proceso mientras no haya decisión en contrario.
