La política colombiana tiene una habilidad envidiable para convertir cualquier tarima en tribunal. Esta vez, el show no lo montó un partido ni un cacique regional, sino Laura Gallego Solís, señorita Antioquia 2025 y hoy aspirante a la Cámara por Cambio Radical, quien radicó ante el Consejo Nacional Electoral-CNE una acción para que se revise la inscripción de Clara López como candidata presidencial, alegando una presunta violación al régimen de doble militancia.
López, actualmente senadora elegida en 2022 dentro de la órbita del Pacto Histórico, inscribió su candidatura con el aval de Esperanza Democrática (antes Esperanza, Paz y Libertad), y ahí aparece el choque, pues si la curul y la representación política siguen amarradas al partido o coalición con la que llegó al Congreso, el salto de aval sin la renuncia previa no se ve como renovación democrática sino como el tipo de maniobra que las reglas intentan contener.
Gallego sostiene que la fusión de fuerzas que dieron vida al Pacto Histórico, y sus efectos sobre derechos y obligaciones políticas, no es un detalle administrativo menor, puesto que incluye la representación, la curul, la camiseta. En esa lógica, la candidatura presidencial por otra colectividad no sería un trámite de cambio de militancia con consecuencias, que exigiría haber renunciado con antelación.
En Colombia se sanciona la doble militancia y, para ciertos casos, se exige cortar vínculos con tiempo para no jugar con doble ficha en el mismo tablero. Esa es la esencia de la Ley 1475 de 2011: disciplina partidaria, lealtad y reglas claras para evitar que los avales se vuelvan accesorios de ocasión.
Y aquí aparece la paradoja que prende la conversación pública cuando una exreina termina marcando la agenda jurídica de una candidatura presidencial, mientras los partidos, los mismos que deberían blindar sus procesos, dejan que el ruido se vuelva estrategia.
