En Antioquia la seguridad se volvió factura y lo que empezó como un discurso de recursos extraordinarios para enfrentar la criminalidad terminó chocando con una realidad que nadie puede maquillar, el tejido empresarial está gritando que no aguanta una carga más.
Esta semana, Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia le pidieron al gobernador Andrés Julián Rendón que suspenda de inmediato el cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vigente desde el 1 de enero de 2025 y prevista hasta diciembre de 2027, creada por la Ordenanza 50 de 2024.
El mensaje fue directo, las empresas ya no soportan más cargas regionales y el argumento es que la tasa llega en un momento en el que las compañías, sobre todo mipymes, dicen estar operando con presupuestos desajustados por una suma de presiones como alta carga tributaria, medidas económicas nacionales recientes y el aumento del salario mínimo, que se come caja, frena contratación y hace tambalear la operación diaria.
El impuesto que se vende como seguridad pero se siente como castigo
Hay un punto clave que el Gobierno departamental no puede eludir y es que la legitimidad de un tributo no se decreta, se construye con resultados, transparencia y proporcionalidad.
La tasa fue concebida como una fuente para financiar proyectos de seguridad y convivencia en el departamento durante el periodo 2025–2027. La teoría es atractiva en cuanto más recursos para dotación, tecnología, movilidad, inteligencia, prevención; en la práctica, la discusión real es quién paga, cuánto paga y qué recibe a cambio.
Los gremios sostienen que el golpe no se queda en una línea más en la contabilidad. Dicen que la presión acumulada ya amenaza el empleo formal, la productividad y la continuidad de empresas, incluyendo escenarios extremos de cierres, justo cuando Antioquia necesita necesita inversión, formalidad y capacidad exportadora.
El dilema
La seguridad cuesta, sí, pero hay una frontera que en política pública es mortal cruzar y es financiar seguridad a costa de debilitar la economía formal.
Porque cuando una empresa recorta turnos, frena expansión o cierra, el Estado pierde más que un contribuyente, pierde empleo, pierde recaudo futuro, pierde estabilidad social, y ahí la paradoja se vuelve grotesca cuando se pretende financiar convivencia reduciendo precisamente las condiciones que la sostienen.
Los gremios, además, no están diciendo que no se invierta en seguridad, lo que piden es revisar el camino escogido y buscar alternativas que no sigan cargando al mismo bolsillo. Mantienen disposición al diálogo, pero teniendo en cuenta que la seguridad no puede financiarse exprimiendo un sector que, según ellos, ya llegó al límite.
El riesgo político es que cuando se rompe la confianza del sector productivo, no basta con decir que es por seguridad y así la tasa se convierte en lo que hoy denuncian los gremios: un cobro que no convence, un impuesto que se siente como castigo y no como inversión.
Suspender no es rendirse, es evitar una crisis mayor
El llamado de Intergremial y Fenalco es suspender el cobro mientras se revisa la fórmula o rediseñar el esquema para hacerlo más justo, gradual y con resultados auditables. Antioquia necesita seguridad pero también necesita empresas vivas. Porque cuando el empleo formal se encoge, la inseguridad no baja, cambia de forma.
Intergremial y Fenalco recuerdan que rechazaron el tributo desde el principio, en debates públicos y ante la Asamblea de Antioquia. Lo que cambió no fue su posición sino el nivel de asfixia que describen hoy.
