La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio la demanda con la que Valencia busca tumbar la resolución del Consejo Nacional Electoral-CNE que reconoció al Pacto Histórico como partido político, pero ‘condicionado’ a que las colectividades que se fusionaron no registren nuevas sanciones en procesos administrativos.
El Alto Tribunal consideró que la demanda cumple los requisitos formales, ya que identifica las partes, los actos administrativos cuestionados y plantea cargos concretos contra la decisión del CNE.
Además, la senadora del Centro Democrático pidió una medida cautelar de suspensión provisional. En términos simples, que se deje sin efecto la personería jurídica condicionada mientras el Consejo de Estado decide de fondo. Esa decisión cautelar se resolverá en los próximos días y puede cambiar, de un plumazo, las reglas de juego del partido de gobierno.
El eje del debate es jurídico, pero con consecuencias políticas evidentes. Paloma Valencia sostiene que el CNE se salió del marco de la ley al inventarse una figura que no existe, una personería jurídica “parcial” o “condicionada”. Según la demanda, la legislación electoral no permite reconocer a un partido a medias ni sujetar su existencia a la suerte de procesos sancionatorios futuros contra las colectividades que se fusionaron.
El CNE, por su parte, había autorizado la fusión de varios partidos y movimientos de izquierda —Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista, entre otros— bajo el paraguas del Pacto Histórico, dejando amarrado el reconocimiento a la resolución de procesos disciplinarios y administrativos pendientes.
Este no es el primer campanazo, antes ya había sido admitida otra demanda presentada por los abogados Samuel Ortiz y Lucas Durán, que también busca la nulidad total de la resolución del CNE que reconoció la personería del Pacto. En ese caso, los demandantes alegan que el Consejo desconoció una prohibición expresa de la Ley 1475 de 2011 al aprobar la fusión y su personería.
Es decir, el Pacto Histórico no enfrenta una sola acción, sino una ofensiva jurídica convergente contra la decisión del CNE.
Lo que se juega el Pacto Histórico
Si el Consejo de Estado decide suspender provisionalmente la personería condicionada, el Pacto Histórico entraría en un limbo jurídico justo cuando se definen listas al Congreso y estrategias para la presidencial de 2026. Sin personería clara, el partido de gobierno se arriesga a perder capacidad de otorgar avales propios para Senado y Cámara; complicar el acceso a financiación estatal y reposición de votos, pilares de cualquier campaña nacional.; debilitar su marca unificada en consultas y coaliciones, obligando a reactivar viejos sellos partidistas o a depender de partidos aliados.
En términos políticos, el mensaje sería demoledor: el partido del presidente Gustavo Petro entra a la contienda de 2026 con su legalidad cuestionada por la más alta autoridad de lo contencioso administrativo. Mientras Paloma Valencia litiga contra la decisión del CNE, figuras del Pacto como Iván Cepeda, Carolina Corcho y Alberto Benavides radicaron una tutela para que se levanten los condicionamientos y se defina de una vez la personería plena del movimiento.
Si el Consejo de Estado llega a tumbar definitivamente la personería condicionada, el golpe sería aún más profundo, puesto que el Pacto Histórico podría quedar reducido a una suma de marcas dispersas, replegado a la condición de coalición informal o forzado a rearmar, a contrarreloj, su arquitectura jurídica y electoral.
La admisión de la demanda también tiene lectura electoral. La jugada política de Paloma Valencia es que no solo es senadora del Centro Democrático sino también precandidata presidencial de la derecha que compite directamente contra el petrismo en 2026.
El caso de la personería condicionada del Pacto puede convertirse en un nuevo hito si el Alto Tribunal respalda la figura de la personería condicionada, le da aire al CNE para seguir usando ese mecanismo en futuras fusiones. Si concluye que esa figura es ilegal, no solo se cae la personería del Pacto Histórico sino que también se traza una línea roja para el órgano electoral y se redefinen los límites de su discrecionalidad.
Que el Consejo de Estado haya admitido la demanda de Paloma Valencia no significa que el Pacto Histórico ya esté condenado. Pero sí confirma algo, y que la batalla central del 2026 no solo se librará en plazas públicas y encuestas, sino también en los expedientes de las Altas Cortes, donde hoy se discute nada menos que la existencia legal del partido que llevó a Gustavo Petro al poder.
En cualquier escenario, el Consejo de Estado se consolida como árbitro decisivo en la batalla política rumbo a 2026.
