El exalcalde que se vendió como “outsider” de la izquierda termina atrapado por sus propios excesos, errores de cálculo y decisiones unipersonales.
El martes 11 de noviembre, mediante la Resolución 14125, la Registraduría rechazó el recurso de reposición con el que Quintero intentó salvar su inscripción presidencial por firmas. El comité “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” quedó formalmente hundido.
El golpe no vino de una conspiración de ‘las élites’, sino de la aplicación estricta de las reglas quien se inscribe a una consulta interna no puede luego presentarse por firmas para el mismo proceso electoral.
La Ley 1475 de 2011 es clara: los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y para quienes participaron en ellas. Al entrar a la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, Quintero quedó configurado como precandidato. Aunque luego anunció en medios su renuncia, la Registraduría determinó que no formalizó esa decisión dentro de los plazos. Su aspiración se cayó, literalmente, por desorden jurídico y activismo improvisado. El “reset total” terminó aplicándose sobre su propia hoja de vida política.
Detrás de este tropiezo hay una trayectoria que ayuda a explicar el desplome. Quintero irrumpió en Medellín como la cara fresca que prometía enfrentarse a las maquinarias. Pero ese relato emergente derivó en un estilo de poder de decisiones unilaterales, nula disposición a escuchar, círculos cerrados de asesoría y una narrativa donde él siempre era el centro del tablero.
Como Petro, intentó instalar un personaje político de proclamas grandilocuentes, gestos simbólicos, enemigos difusos y promesas radicales. Su lenguaje se volvió sistemáticamente polarizante: Antioquia contra el resto, “los empresarios malos” contra “el pueblo”, la derecha como enemigo absoluto. Esa estrategia no amplió el debate; dinamitó puentes. Terminó aislando a Medellín de Antioquia y al propio Quintero del país que decía querer gobernar.
A la caída de la candidatura se suma ahora un frente judicial que puede ser definitivo. La Fiscalía General de la Nación radicó en septiembre escrito de acusación contra Quintero, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Para el viernes 21 de noviembre está programada la audiencia de acusación formal, que es el inicio de un juicio que, de avanzar, lo deja políticamente contra las cuerdas.
El caso gira alrededor del lote Aguas Vivas, ubicado entre El Poblado y Las Palmas. Según la Fiscalía, la administración de Quintero habría modificado el uso del suelo mediante decretos que ignoraron la competencia del Concejo de Medellín y los mecanismos legales de avalúo. El movimiento normativo permitió que el predio pasara de una valorización de $2.700 millones a cerca de $48.000 millones, sin control político ni debate público. Allí está el núcleo del proceso, pues si la justicia confirma que se torcieron las reglas para favorecer a particulares, no será solo un exalcalde caído, sino un proyecto político manchado de frente.
La conjunción de inhabilidad electoral y juicio penal es un cóctel letal para cualquier aspiración de alto nivel. Por un lado, su exposición nacional se desploma por un impedimento formal que él mismo provocó al jugar, sin rigor, con las reglas electorales. Por el otro, su imagen queda atravesada por señalamientos de corrupción que desbaratan la figura del ‘outsider íntegro’ que vendió desde el inicio.
Su estrategia de victimización —presentarse siempre perseguido por poderes oscuros— pierde efecto cuando la decisión de la Registraduría se sustenta en normas concretas y plazos incumplidos, y cuando la Fiscalía lleva meses avanzando en un caso con cifras, documentos y decretos firmados. Lo que queda en evidencia no es un mártir del sistema, sino un dirigente que no supo leer las reglas del juego que decía querer transformar.
Para Daniel Quintero, el futuro inmediato ya no es la plaza pública sino el estrado judicial. Sin candidatura presidencial viable, su margen de maniobra se reduce a sobrevivir políticamente mientras enfrenta un proceso penal que puede terminar en inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Quintero, por sus propios inventos, se quedó solo. Y esta vez no hay “reset” que lo salve.
