La justicia comenzó a cercar el círculo político del exalcalde de Medellín. Un juez de control de garantías envió a Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Yaneth Rúa García a la cárcel, ambos vinculados al entramado de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en el que la Fiscalía investiga la desviación de 2.400 millones de pesos.
El tercer implicado, Elkin González, fue dejado en libertad. Sin embargo, las imputaciones por contratación irregular, peculado y celebración indebida de contratos golpean directamente el entorno político del renunciado exalcalde Daniel Quintero Calle, cuya aspiración presidencial tambalea tras retirarse de la consulta del Pacto Histórico.
El efecto dominó político y la advertencia de la MOE
La decisión judicial coincidió con la madrugada en que Quintero oficializó su retiro de la consulta presidencial del Pacto Histórico. Un movimiento que, según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral -MOE-, podría dejarlo legalmente inhabilitado para inscribirse como candidato en 2026.
Barrios citó la Ley 1475 de 2011, que obliga a quienes se someten a consultas internas a mantener su lealtad partidaria. En otras palabras, si Quintero participó y luego renunció, no podría buscar aval por otro movimiento.
El tema encendió las redes. Algunos usuarios de izquierda cuestionaron la ‘persecución judicial’, mientras que voces opositoras hablaron de ‘caída anunciada’ y ‘el derrumbe del modelo Quintero’.
EPM en la mira, otro frente de tormenta
Mientras tanto, la Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo Cardoso, exgerente de EPM durante la administración de Quintero, por presuntas irregularidades en un contrato de vigilancia privada por $73.000 millones.
El proceso señala un posible interés indebido en la adjudicación del contrato CRW251772 de 2023 a la empresa Suportuno Servicio Ltda, que había incumplido en procesos anteriores. La alteración de evaluaciones técnicas para favorecerla es considerada por el ente de control una falta gravísima cometida con dolo.
Un proyecto político bajo asedio
El panorama político de Daniel Quintero se estrecha. Sin partido, sin consulta y con su entorno salpicado por decisiones judiciales, su aspiración presidencial enfrenta una tormenta perfecta.
Dentro del Pacto Histórico, algunos dirigentes restan dramatismo al retiro y aseguran que “la unidad de la izquierda no depende de una sola figura”. Pero en los medios y la opinión pública, el caso se percibe como un golpe reputacional a todo el sector progresista.
Defensores del exalcalde invocan la presunción de inocencia y acusan una estrategia de desgaste mediático para frenar su ascenso nacional. Sin embargo, cada titular judicial erosiona el relato del político rebelde que pretendía disputar el centro de la conversación nacional.
Un punto de inflexión
Entre audiencias, advertencias legales, investigaciones a funcionarios y familiares del exalcalde, y debates digitales, el caso del Área Metropolitana podría marcar un antes y un después en la política regional. Lo que comenzó como un expediente de contratación irregular hoy se traduce en un símbolo de crisis institucional y desgaste ético para un proyecto que alguna vez prometió recuperar el poder para la gente.
