La coalición de gobierno apagó su propia primaria. Pese a que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó permitir la inscripción de todas las precandidaturas presidenciales del Pacto para la consulta del 26 de octubre —respuesta a tutelas de Gustavo Bolívar y Carolina Corcho—, el Comité Político comunicó que desistirá de ese mecanismo y que definirá otra ruta para escoger candidato único. El giro llega a un mes de la fecha fijada por la Registraduría.
El punto de quiebre es jurídico y político. El CNE avaló la personería del “Movimiento Pacto Histórico”, pero de forma condicionada y sin incorporar plenamente a Colombia Humana y otras fuerzas, lo que minó la cohesión de la coalición y creó incertidumbre sobre quién podía competir y con qué aval. El tribunal intervino y destrabó inscripciones; aun así, la dirigencia optó por frenar la consulta, lo que deja un resultado vacío de reglas propias y reloj en contra para 2026.
Fisuras internas que ya eran visibles
La cancelación no ocurre de la noche a la mañana. Desde hace semanas se ven choques entre aspirantes —en particular entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero— y cuestionamientos cruzados sobre legitimidad y coherencia programática. Sin un árbitro interno creíble, la primaria iba camino a convertirse en un pleito judicializado.
Ahora lo que cambia es el calendario para la colectividad, pues la Registraduría mantiene el 26 de octubre como jornada de consultas para partidos que sí las realizarán; el Pacto queda por fuera y deberá definir si migra a una consulta interpartidista en marzo (en simultáneo con elecciones legislativas) o si adopta un mecanismo distinto como encuesta, convención, acuerdo político…
Sin primaria, crece el peso del Comité Político y de negociaciones entre partidos y movimientos; el costo es menor participación de bases y mayor riesgo de fractura pública.
Mientras que la narrativa opositora ya plantea que el Pacto no logra organizar su propio proceso; del otro lado, la coalición intenta presentar la decisión como “garantía de unidad” y respuesta a trabas administrativas.
