La fiscal Lucy Laborde, encargada de investigar los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito del hijo del Presidente, Nicolás Petro, envió una misiva que ha encendido los focos rojos en la Fiscalía General. En ella exige a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, explicaciones sobre decisiones inesperadas como la asignación de una fiscal de apoyo, convocatorias a reuniones “intempestivas” y otras maniobras que, según Laborde, no se ajustan a los procedimientos normales.
La carta, de unas cuatro páginas, detalla que esta asignación de apoyo —dictada por la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025— llegó justo cuando Laborde emitía una nueva imputación contra Nicolás. Ella afirma que no había pedido ese refuerzo, ni existía carga excesiva que lo justificara, puesto que el proceso ha sido conducido con prontitud y sin solicitar aplazamientos, al contrario de lo que hace la defensa.
Otros apartes de la carta revelan que Laborde fue citada a reuniones “sorpresivas” justo cuando se anunciaban los nuevos cargos, lo que sugiere, en su perspectiva, una coordinación discreta que podría estar intentando interferir o modificar el rumbo de la investigación. Para ella, esas intervenciones rompen con la independencia que la Constitución y las normas de la Fiscalía otorgan al fiscal y socavan la credibilidad de todo el proceso.
Simultáneamente, la Fiscalía solicitó imputar nuevos delitos a Nicolás Petro como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, relacionados con contratos de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico.
Este cruce de acusaciones expone una tensión institucional inquietante: ¿hasta dónde llega el poder político y administrativo dentro de la Fiscalía? ¿Se están usando recursos del Estado —o del aparato judicial— para influir silenciosamente en procesos que, por ley, deberían ser autónomos? Laborde lo dice sin ambages: sí hay presiones, “indebidas”, y con un claro tinte político, cuando los delitos imputados golpean muy cerca del poder.
Voces del uribismo y sectores de centroderecha leyeron la misiva como prueba de “intromisión” a favor del hijo del Presidente. En X circularon mensajes pidiendo explicaciones por la designación “exprés” de una fiscal de apoyo y por reuniones “sorpresivas” con direcciones internas, en pleno trámite de nuevas imputaciones.
La precandidata opositora Vicky Dávila se movió rápido en X y calificó a Camargo como “la fiscal de Petro”, quien sugirió que el ente acusador estaría buscando cómo “ayudar al hijo presidencial”. Su post marcó tendencia entre cuentas opositoras que piden “blindar” la autonomía del caso.
