El Consejo Nacional Electoral sustentó la exclusión de Colombia Humana en fallas estatutarias, puesto que para avalar su pertenencia se requería la participación de dos terceras partes de su padrón (114.381 afiliados), pero a la asamblea acudieron 1.280 militantes; Progresistas quedó fuera por trámites internos no concluidos. Además, la escisión del MAIS —clave para algunas figuras del bloque— quedó parcialmente aplazada mientras se resuelven investigaciones internas.
La decisión llega a semanas de la consulta del 26 de octubre, a la que el Pacto inscribió nueve precandidaturas y esperaba competir con aspirantes de Colombia Humana; ahora deberá reajustar reglas y tarjetón para evitar impugnaciones de última hora. Voces internas advierten que el fallo “condiciona” el proceso y obliga a rediseñar la estrategia de unidad.
En paralelo, y situación que no le hace bien a la colectividad, la Fiscalía llamó a juicio a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato del sector, por el caso Aguas Vivas: lo acusa —junto a exfuncionarios y particulares— de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en contratos, señalando un presunto inflamiento del valor del lote de $2.700 a $48.000 millones. Quintero denuncia persecución política y cuestiona el expediente.
El proceso contra Quintero reconfigura las alianzas en la izquierda antioqueña. Él figura entre los nombres que buscaban competir en la consulta del Pacto Histórico y su situación judicial tensiona a los sectores que pretendían hacer de Antioquia un bastión del “frente amplio” con apoyos cruzados entre movimientos locales y nacionales.
De aquí al 26 de octubre, el Pacto tendrá que ‘cerrar filas’ y ajustar su arquitectura jurídica al fallo del CNE, blindar su consulta frente a recursos de los excluidos y decidir cómo administrar el impacto del juicio a Quintero en Medellín, plaza decisiva para el progresismo.
El desenlace dirá si la apuesta por un partido único fortalece al bloque o profundiza sus fracturas en la antesala de 2026.
