Esta medida cautelar, impulsada por una acción popular presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, busca aliviar la grave crisis financiera que enfrentan las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), cuyas operaciones se han visto amenazadas por la falta de flujo de caja.
En la acción judicial, la Alcaldía de Medellín aportó los estados financieros de las IPS públicas del distrito, evidenciando cómo la crítica situación de cartera ha generado afectaciones reales: contratistas han suspendido servicios esenciales por falta de pago, poniendo en riesgo el acceso a la salud de miles de ciudadanos. El tribunal, al revisar las pruebas, concluyó que la falta de pago ha generado un daño verificable que afecta directamente la prestación de los servicios de salud y, por tanto, ordenó tomar acciones inmediatas para evitar su progresión.
Uno de los casos documentados en el proceso fue el del Hospital General de Medellín, al que Fedsalud notificó la suspensión de sus servicios por incumplimientos contractuales relacionados con el pago de salarios y seguridad social del personal médico. Según el fallo, esta situación “compromete gravemente el derecho a la salud, la integridad y la vida digna de los habitantes del distrito”.
La medida judicial exige que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Adres, la Supersalud y las EPS intervenidas actúen de forma articulada para garantizar el pago oportuno de las obligaciones debidamente acreditadas. La orden busca proteger los derechos colectivos y la moralidad administrativa, además de evitar una crisis mayor en el sistema de salud, cuya estabilidad se encuentra en jaque.
La dimensión del problema es alarmante: según un reciente informe de la Contraloría, las deudas de las EPS con las IPS ascienden a 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones corresponden a EPS intervenidas por el Gobierno. La Nueva EPS lidera con una deuda de 9,2 billones, seguida por Sanitas y Famisanar, cada una con 2,8 billones.
Esta decisión judicial marca un hito en la defensa del sistema de salud y podría sentar un precedente frente a la responsabilidad del Estado en la garantía de los servicios esenciales.
