A los procesos judiciales por corrupción en el Área Metropolitana, que ya enviaron a prisión a Misael Cadavid y Yaneth Rúa, se suma ahora una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral -CNE- presentada por la fundación DILO Colombia. El documento exige abrir investigaciones administrativas, evaluar sanciones y ordenar la devolución de los gastos estatales invertidos en la consulta presidencial del Pacto Histórico, de la que Daniel Quintero se retiró abruptamente.
Según la queja, la decisión de Quintero generó un posible detrimento patrimonial de más de 123.000 millones de pesos, recursos ya comprometidos en la producción de tarjetones, material electoral y logística.
“La inscripción ya estaba en firme, la Registraduría había ejecutado recursos, y la renuncia impidió el aprovechamiento de los mismos”, señala el documento.
La queja de DILO Colombia pide al CNE determinar responsabilidades políticas, jurídicas y económicas tanto de Quintero como de los partidos que promovieron la consulta —Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano—, e insta a remitir copias del expediente a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
1️⃣ Daño económico al Estado
La renuncia se produjo cuando la Registraduría ya había impreso parte del material y contratado la distribución. Ese gasto, ahora sin uso, constituye un posible detrimento directo al erario.
2️⃣ Anticipos estatales
El reclamo exige verificar si las colectividades recibieron anticipos de financiación política y, de ser así, ordenar su devolución.
3️⃣ Inhabilidad jurídica
El documento recuerda el artículo 107 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que establecen que quien se inscribe a una consulta no puede aspirar por otra colectividad en el mismo proceso electoral, incluso si se retira después.
El CNE advierte que Renunciar implica no participar
El magistrado Altus Baquero, del Partido Liberal, confirmó lo que ya varios expertos habían anticipado: “Si una persona se inscribe a una consulta y renuncia, no puede volver a participar en esa elección. La norma es clara y de carácter estatutario.”
La advertencia pone en jaque la aspiración presidencial de Quintero, quien había argumentado que su retiro obedecía a un cambio de reglas por parte del CNE y la Registraduría. Sin embargo, medios y juristas coinciden en que su lectura de la ley fue errada. El exregistrador Carlos Ariel Portela lo resumió así: “Quintero se autoeliminó de las elecciones de 2026, jurídicamente su renuncia equivale a quedar inhabilitado.”
El cerco judicial y político se estrecha
La ofensiva contra el entorno de Quintero no se limita al CNE. En Medellín, la Personería avanza con el pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM, por presunto interés indebido en contratos de $73.000 millones. Simultáneamente, la Fiscalía continúa con el proceso por la desviación de $2.400 millones en los convenios del Área Metropolitana.
Dentro del Pacto Histórico, el retiro de Quintero ha generado tensión. Algunos sectores lo acusan de haber dinamitado la unidad del bloque progresista a menos de un año de las presidenciales.
Más allá del debate ideológico, la justicia, los órganos de control y la opinión pública comienzan a tratar al quinterismo no como un movimiento alternativo, sino como un modelo en crisis.
