Petro vs. De la Espriella: la pelea que saltó a la CPI y encendió la campaña

El cruce de acusaciones entre el presidente Gustavo Petro y el abogado y precandidato Abelardo De la Espriella escaló de las redes a La Haya.

De la Espriella anunció que denunció a Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio”; el presidente respondió en la red social X vinculándolo con el paramilitarismo.

El precandidato publicó: “He denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio…”.

Horas después, Petro contestó en X: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas…”.

De la Espriella devolvió el golpe con un hilo en X —“Agárrate, pronto sabrás lo duro que muerde el tigre”— en el que sostuvo que acusaciones antiguas en su contra fueron “cosa juzgada” y enumeró supuestos escándalos del gobierno.

Qué dice (y qué no dice) el derecho internacional

La CPI sí recibe comunicaciones de particulares. Cualquier persona u organización puede remitir información a la Fiscalía de la CPI conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma. La Fiscalía realiza un examen preliminar antes de decidir si abre investigación, valorando jurisdicción, admisibilidad (complementariedad y gravedad) e interés de la justicia.

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Crímenes bajo competencia de la CPI

La Corte conoce de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. La “incitación directa y pública al genocidio” es punible (art. 25.3.e), mientras que para otros crímenes la “instigación/inducción” opera como modo de responsabilidad, no como delito autónomo. En todo caso, probar nexo causal y umbral de gravedad es exigente.

La CPI actúa solo si el Estado “no puede o no quiere” investigar seriamente. Por lo tanto, presentar una comunicación ante la CPI no significa que se abra una investigación, menos aún un caso. La Fiscalía filtra cientos de comunicaciones y solo unas pocas superan el umbral para avanzar.

El altercado coloniza la conversación pública y desplaza otros temas (economía, reformas), mientras el país procesa un crimen político de alto impacto. En clave electoral, ambos polos buscan **encuadrar el miedo**: uno al “autoritarismo corrupto”, otro a la “infiltración criminal” del Estado.

Qué sigue

La Fiscalía acusará recibo y, si lo estima, hará un examen preliminar no público; si no se satisfacen criterios de jurisdicción/admisibilidad, la comunicación se archiva. Si se cumplen, podría solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir investigación.

Es previsible que el choque derive en acciones por injuria y calumnia o solicitudes de rectificación. Políticamente, veremos mayor polarización y un uso intensivo de X como plaza pública.

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