Aunque se prometen una transición sin alzas en el precio del documento y transferencia tecnológica, no hay claridad sobre el plan de choque, lo que levanta serias dudas sobre la viabilidad y la transparencia del proceso. La urgencia con la que se está ejecutando este cambio contrasta con advertencias previas que señalaban la necesidad de al menos nueve meses para garantizar una implementación segura y eficaz.
El jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, defendió la decisión del Ejecutivo afirmando que Portugal asumirá la producción de los pasaportes durante el periodo de empalme, mientras que la Imprenta Nacional se fortalecerá con tecnología de punta.
Sin embargo, persisten críticas por la falta de planificación detallada y por el manejo opaco del proceso. De hecho, tanto Austria como Alemania, países con amplia experiencia en fabricación de documentos de alta seguridad, denunciaron haber sido ignorados o maltratados durante el proceso de selección, lo que deja entrever posibles irregularidades y una diplomacia negligente.
Mientras tanto, la Procuraduría anunció una investigación disciplinaria contra los exministros Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra el propio Saade. La excanciller había reconocido que no era viable asumir el nuevo modelo sin una prórroga al contrato actual, lo que agudiza los cuestionamientos sobre la “transición exprés” que pretende ejecutar el Gobierno.
Aunque se asegura que los precios no se dispararán y que el país recuperará el control total de los datos biométricos, no existe hasta ahora una hoja de ruta pública que detalle cómo se garantizará el suministro de pasaportes sin interrupciones ni sobrecostos.
Las denuncias internacionales tampoco son menores. La empresa alemana Veridos ofrecía un modelo con tarifa fija y acompañamiento tecnológico integral, mientras que la propuesta portuguesa dependerá de la tasa de cambio del Euro, un factor que puede encarecer el documento a mediano plazo.
Austria, por su parte, afirmó haber sido dejado plantado en varias reuniones e incluso señaló que sus comunicaciones formales no recibieron respuesta, lo que plantea interrogantes sobre el trato que se dio a actores internacionales que buscaban aportar al fortalecimiento del sistema colombiano.
