El encuentro, realizado en el Ministerio de Vivienda en Bogotá, dio continuidad a los compromisos adquiridos en la audiencia pública del 28 de junio de 2025 en Barbosa y contó con la presencia del contralor distrital Pablo Andrés Garcés Vásquez. El objetivo central fue fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y avanzar en la construcción de salidas estructurales que mejoren las condiciones de vida de las comunidades en las zonas de influencia de estos sitios de disposición final.
La asistencia del ente de control de Medellín reviste especial interés por el seguimiento que ha hecho al Relleno Sanitario La Pradera. En sus acciones de control fiscal y ambiental, la Contraloría ha evaluado la gestión de los impactos generados por esa operación, con la doble finalidad de garantizar el derecho a un ambiente sano y de reducir el riesgo de una eventual emergencia sanitaria que afectaría al Distrito y a más de 40 municipios de Antioquia que disponen allí sus residuos.
Como resultado de la mesa, se acordó abrir un espacio entre Corantioquia y la Asociación de Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario (AVAS) para estudiar la viabilidad de modificar puntos específicos de la licencia ambiental. Asimismo, se decidió fortalecer el diálogo entre Empresas Varias de Medellín y AVAS a fin de atender asuntos pendientes relacionados con peticiones de la comunidad.
Otro de los avances fue la emisión de términos de referencia para procesos de licenciamiento y la incorporación de las iniciativas al ciclo “Basura Cero”, que será impulsado por el Ministerio de Ambiente en articulación con las corporaciones ambientales. Estas medidas buscan ordenar y hacer más transparentes los procedimientos, al tiempo que promueven prácticas de reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos.
La Contraloría Distrital de Medellín anunció que seguirá atenta a los próximos espacios de trabajo interinstitucional y que mantendrá una participación activa, apalancada en los hallazgos de sus auditorías al Relleno Sanitario La Pradera, para asegurar que los compromisos adquiridos se traduzcan en mejoras concretas para las comunidades.
