La captura de Misael Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí y viejo operador en contratos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-, movió el tablero político. Mientras la Fiscalía le rastrea convenios por $17.654 millones y un presunto desvío cercano a $3.000 millones, la conversación pública se partió entre quienes leen el hecho como el inicio de “caídas mayores” y quienes denuncian una maniobra para golpear a exfuncionarios del cuatrienio de Daniel Quintero.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la acción judicial y la conectó con su narrativa anticorrupción al decir en su cuenta de X “Comenzaron las capturas de los que se robaron a Medellín” y pidió que “el jefe de la banda” también responda, aludiendo al entorno quinterista.
Comenzaron las capturas de los que se robaron a Medellín.
Es una realidad. No es una persecución política como ellos dicen. Fueron ellos quienes persiguieron a todos los que se dedicaron a cuidar a Medellín.
El jefe de la banda debe caer.
Esta entidad se la entregó a su… https://t.co/JqhU7SdEgD— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 7, 2025
Referentes opositores amplificaron el encuadre de “primera ficha”: el diputado Luis Peláez habló de “el primero de varios” al destacar la cercanía de Cadavid con Daniel Quintero y Luis Pérez.
El primero de varios… 🕰️ https://t.co/IMLM9lj7ai
— Luis PELÁEZ (@luispelaezj) October 6, 2025
En paralelo, el quinterismo intenta encuadrar la captura en la tesis de persecución política. Aunque no hay un pronunciamiento unificado, medios nacionales han registrado que el exalcalde suele atribuir este tipo de avances judiciales a “montajes” y presiones institucionales, en medio de su campaña nacional.
La captura se produce luego de meses de denuncias por irregularidades en los contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, reveladas por El Colombiano en mayo de 2024. El medio documentó sobrecostos, falsificación de soportes y presuntas maniobras de triangulación entre empresas vinculadas al entorno de Cadavid.
La Fiscalía sostiene que Cadavid habría utilizado su cargo para beneficiar a proveedores específicos, crear empresas de papel y manipular los procesos de contratación con el aval de funcionarios públicos.
Entre los hallazgos figura la duplicación de pagos por servicios de mantenimiento de vehículos y equipos que nunca fueron realizados, además de contratos fantasma suscritos a nombre de fundaciones de fachada.
Cadavid deberá responder por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Su captura pone en jaque la confianza institucional en los organismos de socorro y deja a la vista cómo los mecanismos de emergencia fueron utilizados como plataformas de saqueo burocrático.
