La votación habría sido 6–2 en Sala Plena, y la señal política es inequívoca: cuando el Ejecutivo intenta gobernar por atajo, el tribunal está dispuesto a cortar por lo sano y rápido, incluso antes del fallo de fondo que podría llegar en febrero de 2026.
Esto en la práctica significa q, mientras la Corte estudia si el decreto es constitucional, quedan en pausa los efectos del paraguas excepcional que habilitaba al Gobierno a expedir medidas con fuerza de ley en materia económica y tributaria.
Y ahí está el choque, pues bajo ese marco se habían movido piezas sensibles como alivios y amnistías tributarias como reducción de intereses y sanciones, con las que la DIAN reportó recaudos tempranos, pero también nuevos gravámenes; por ejemplo, a juegos en línea y cambios en cargas sobre bebidas alcohólicas, entre otros, además de ajustes como impuesto al patrimonio para ciertos umbrales.
Los pro, dicho sin eufemismos esto es control del poder en tiempo real. La Corte manda el mensaje de que la emergencia no es una ‘tarjeta comodín’ para saltarse el debate democrático. Si el decreto es, como se ha reportado, manifiestamente inconstitucional, la suspensión evita que el país se despierte en semanas con un paquete de tributos y decisiones de excepción ya cobrado, aplicado y políticamente irreversible. Además, refuerza a gobernadores y autoridades locales que venían advirtiendo que no aplicarían medidas si consideraban que se extralimitaban.
Los contras: el freno también congela caja y agranda la incertidumbre. Si el Gobierno apostó a la emergencia para estabilizar recaudo y financiar gastos urgentes, la suspensión abre un vacío operativo y fiscal en pleno arranque de 2026. Y hay un riesgo mayor que es que si la Corte tumba definitivamente el decreto, podría entrar en discusión qué pasa con lo ya recaudado o con decisiones administrativas tomadas al amparo de esa excepcionalidad (la factura política la pagan todos, no solo el Ejecutivo).
La pregunta incómoda —la que debería encender conversación pública— no es si “Petro sí o Petro no”, sino qué tan normalizamos que el Estado intente resolver crisis fiscales con decretos de emergencia y qué tan sano es que la legitimidad de esas jugadas dependa de pulsos institucionales y mayorías judiciales.
Porque cuando el país se acostumbra a gobernar por excepción, la excepción termina gobernando al país. Y ahí, sin ruido pero con costos reales, perdemos los ciudadanos.
