El contraste no es menor: de un lado, evidencias extraídas de computadores, celulares y USB incautados a alias ‘Calarcá’; del otro, la palabra del Presidente, sin sustento público, blindando a dos de los señalados.
En su cuenta de X, Petro afirmó que “las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos” y que todo obedece a un intento de “purgar a las personas” que lo han ayudado a desenmascarar mandos corruptos dentro de la fuerza pública.
Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos.
Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
A esto le sumó una explicación política en la que según él, se trata de una reacción de las mafias afectadas por la suspensión del negocio de permisos para empresas de seguridad privada y del desvío de armas del Estado hacia estructuras paramilitares, un engranaje que, asegura, cortó su gobierno. Incluso propuso publicar los informes de todas las agencias de inteligencia ‘en tiempo prudencial’ para evitar su uso político.
El problema es que el presidente no aportó un solo dato verificable que respalde la inocencia de Huertas y Mejía, ni explicó por qué se refiere a “informes de inteligencia” cuando la investigación periodística habla de comunicaciones internas de las disidencias que mencionan a esos funcionarios.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol no se basó en rumores, sino en archivos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando una caravana de disidentes del frente 36 fue detenida mientras se movilizaba en camionetas de la UNP. De esos dispositivos —computadores, celulares, memorias USB— salieron chats, correos, cartas y fotografías que hablarían de una filtración estructurada de información reservada desde la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ejército y otras entidades, así como de proyectos para montar una empresa de seguridad privada que sirviera de fachada para transporte en vehículos blindados y permisos de porte de armas. Es decir, material con cadena de custodia, que estuvo en manos de las autoridades desde 2024 y que apenas ahora, por presión mediática, se convierte en prioridad institucional.
La reacción de la Fiscalía es tan tardía como reveladora. La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para impulsar líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. También compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue al general Huertas.
Pero en el mismo comunicado, el ente acusador admite que durante 16 meses el nivel central no recibió reportes ni copias del material incautado por parte de la fiscal de Medellín que tenía el caso. Solo ahora, tras una verificación urgente en Medellín, reconoce que en los dispositivos hay información “de la mayor gravedad” que no venía siendo objeto de pesquisa alguna, al tiempo que se defiende recordando que ya ha judicializado a 28 integrantes del frente 36 y procesado a tres miembros de la caravana detenida.
En el choque de relatos Petro insiste en que aquí no hay más que un montaje para atacar a quienes han denunciado la corrupción al interior de la fuerza pública, y presenta a Huertas y Mejía como piezas clave de esa cruzada. Del otro lado, el periodismo y ahora la propia Fiscalía describen un cuadro de infiltración en el corazón del Estado: disidencias que acceden a información reservada de inteligencia, que tendrían contacto con mandos militares y funcionarios de la DNI, y que habrían tenido margen para construir una fachada empresarial alrededor de la seguridad privada. En la mitad, una pregunta incómoda: ¿por qué la Fiscalía reaccionó solo después del informe televisivo si los dispositivos de alias ‘Calarcá’ estaban bajo custodia desde julio de 2024? ¿Quién ganó tiempo con ese silencio institucional?
