La Misión de Observación Electoral-MOE encendió una alarma que el país no puede ignorar, pues entre marzo y octubre de 2025, los aspirantes a la Presidencia han invertido cerca de 800 millones de pesos en publicidad digital, cuando la campaña ni siquiera ha empezado oficialmente y el Consejo Nacional Electoral-CNE aún no tiene sus herramientas de control plenamente activas.
El informe de la MOE, presentado ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, muestra una transformación silenciosa pero decisiva: el centro de gravedad del gasto dejó de ser la plaza pública, la valla y el comercial de televisión para concentrarse en redes sociales y plataformas digitales.
Allí se identificaron al menos 42 cuentas activas en Facebook e Instagram pagando anuncios con contenido político, mientras que en TikTok y YouTube la información no es pública y, por tanto, imposible de auditar de manera independiente.
El informe identifica tres vacíos críticos que, juntos, le pegan de frente a la equidad electoral. Primero, los comités de grupos significativos de ciudadanos pueden promocionar precandidatos sin someterse a los mismos controles de las campañas formales. Segundo, la capacidad de acción del CNE antes de la inscripción es limitada y, en la práctica, reactiva: solo puede moverse de oficio o por queja ciudadana. Tercero, buena parte de la pauta digital se concentra en plataformas que no cuentan con bibliotecas públicas de anuncios, de modo que no es posible conocer montos, ordenantes del gasto, segmentación ni alcance de los mensajes.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, fue directa al decir que “Garantizar el acceso a la información financiera y la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”. Hoy ocurre exactamente lo contrario, se gasta más, cada vez más temprano y con menos trazabilidad. El ciudadano solo ve la avalancha de piezas “patrocinadas” en su pantalla; lo que no ve —y el Estado tampoco— es quién paga, con qué recursos y a cambio de qué.
Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE, recordó que candidatos y partidos deben reportar sus ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras, bajo las resoluciones 4737 y 3569 de 2023, que además exigen auditoría interna y externa. Pero ese sistema se activa, en la práctica, cuando los candidatos ya están inscritos, no cuando están construyendo su imagen y posicionamiento en la etapa de firmas, lanzamientos ciudadanos y giras disfrazadas de foros académicos. Es ahí donde se abre la ventana de opacidad que la MOE viene advirtiendo.
Son precisamente los proyectos de los candidatos que van por recolección de firmas los que más dependen de posicionar su nombre a punta de pauta digital antes de que empiecen los tiempos oficiales; y son, a la vez, los menos amarrados a controles internos de los partidos tradicionales. El incentivo para gastar mucho, rápido y sin dejar huella está servido.
Adicionalmente, la MOE ha alertado en informes previos sobre el aumento explosivo de comités promotores de grupos significativos de ciudadanos para la Presidencia —73 inscritos y un crecimiento del 170 % frente a 2022— sin que exista un acceso público completo a sus reportes financieros en Cuentas Claras. Más actores, más plata en juego, más gasto digital y el mismo Estado lento, fragmentado y, en muchos casos, ausente.
Mientras tanto, el discurso público sigue atrapado en la retórica de la lucha contra la corrupción y el juego limpio en las urnas, mientras la realidad muestra una precampaña en la que casi 800 millones ya se movieron sin reglas claras y sin control efectivo. Los mismos actores que se presentan como adalides de la transparencia están aprovechando los huecos normativos y tecnológicos para posicionar sus marcas políticas antes de tiempo, con una ventaja que ningún candidato austero o sin maquinaria podrá compensar después.
