La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico de Movilidad, por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo de $16 mil millones destinado a obras de espacio público y reparcheo de vías.
El expediente revela que el contrato fue celebrado en junio de 2023 bajo modalidad de selección directa, a pesar de que la cuantía obligaba a licitación pública. Peor aún, la Secretaría de Movilidad, dependencia enfocada en semaforización y señalización, asumió funciones de infraestructura que no le correspondían. Demoliciones, movimientos de tierra y construcción de andenes fueron ejecutados desde un despacho sin competencia técnica, mientras la Secretaría de Infraestructura Física fue marginada del proceso.
A ello se suma un agravante, y es que el convenio se habría firmado durante la ley de garantías, que prohíbe comprometer recursos públicos cuatro meses antes de elecciones. Estudios previos incompletos, ausencia de análisis sectorial y un presupuesto elaborado en un solo día completan el cuadro de posibles irregularidades.
Por este mismo contrato ya fueron imputados Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de Infraestructura; y Santiago Ortega Mateos, contratista del ITM.
Pero la Fiscalía no es la única con procesos abiertos. La Personería Distrital de Medellín anunció una investigación disciplinaria contra cuatro exfuncionarios del gabinete de Daniel Quintero Calle, señalados de presunta financiación irregular de campañas políticas a través de la corporación El futuro se parece a nosotros.
Entre los indagados están Ana María Valle Villegas, exsecretaria de las Mujeres; Jennifer Andrée Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Sergio Andrés López Muñoz, Planeación; y Juan Pablo Ramírez Álvarez, Inclusión Social.
Según el órgano de control, algunos habrían aportado recursos y otros participado en recaudos de dinero con fines políticos.
La misma Personería también formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo Ruiz y otros tres funcionarios de esa dependencia por irregularidades en la revocatoria de una resolución que reconocía cesantías a un docente. El organismo señaló que se desconoció la normatividad vigente.
Estos casos, aunque distintos en su origen, confluyen en un patrón preocupante de la administración de Daniel Quintero como son supuestos contratos inflados, competencias tergiversadas, uso indebido de recursos públicos y decisiones administrativas al margen de la ley.
