El cruce de decisiones que parecen mezclar sanciones políticas, discursos y venganzas plantea un interrogante: ¿hasta qué punto una visa puede convertirse en arma de presión política contra líderes colombianos?
El 27 de septiembre de 2025, EE. UU. anunció que revocaba la visa de Gustavo Petro, acusándolo de acciones “imprudentes e incendiarias” tras su intervención en una protesta en Nueva York donde instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes. El Departamento de Estado justificó la medida con ese argumento, lo cual representa una decisión diplomática de gran calado contra un jefe de Estado.
Petro respondió que la acción era un agravio contra la ONU y el libre ejercicio del derecho a la expresión, y que no le hacía falta la visa pues tiene ciudadanía europea además de la colombiana. Añadió que revocar un visado “no es contra Petro, sino contra las Naciones Unidas” y contra “la lucha por la vida de la humanidad”.
Este tipo de revocación contra un presidente colombiano no sucedía desde la época de Ernesto Samper —cuando él expresó su frase “no necesito visa para venir a Chaparral” en un contexto político de tensión interna.
No pasó mucho tiempo antes de que Daniel Quintero se sumara al debate. En un video publicado en sus redes sociales, anunció que EE. UU. podía quedarse con su visa “por solidaridad” con Petro. La respuesta del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau fue breve y algo sarcástica: “¡A la orden!”, lo que fue interpretado como un guiño a que la revocación de su visa podría ser considerada.
Hasta ahora no hay confirmación formal de que Quintero haya perdido la visa, pero el escenario ha sido inflado por declaraciones cruzadas y posicionamientos políticos. Quintero ha afirmado que si es elegido presidente mantendrá la línea de denuncia frente al conflicto en Gaza y la postura de Petro, lo que lo empata con el mismo eje de tensión diplomática.
La canciller se suma
En medio de la tormenta, la canciller Rosa Villavicencio anunció que renunciaba voluntariamente a su visa estadounidense, alegando que no aceptaría “condicionamientos de ninguna potencia extranjera” para ejercer sus funciones diplomáticas.
El gesto, más simbólico que práctico, buscó reforzar la narrativa del Gobierno de que Washington estaba excediendo sus competencias al usar el sistema migratorio como herramienta de presión política. Sin embargo, en sectores opositores y diplomáticos el movimiento fue interpretado como un acto de populismo internacionalista que podría aislar aún más a Colombia en escenarios multilaterales donde la interlocución con EE. UU. sigue siendo clave.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó para denunciar supuestas irregularidades de la gestión Quintero en viajes a EE. UU. y Panamá, insinuando que dichas conexiones podrían alimentar una acción internacional contra él. Gutiérrez anunció que enviará una carta a las autoridades estadounidenses con información “importante” sobre terceros vinculados al exalcalde.
Una visa no es solo un trámite migratorio. Puede convertirse en medida punitiva o herramienta de presión simbólica, al limitar movimientos internacionales y enviar mensajes políticos. En este caso, EE. UU. parece usarla para castigar discursos que considera hostiles.
El hecho que Petro haya llamado a tropas estadounidenses a desobedecer órdenes cruzó un umbral simbólico importante que pasó de crítica política a discurso interpretado como intento de subversión.
